Por: Raúl Benavides, director de Compañía de Minas Buenaventura[*].

Hace unos días fui invitado por un grupo de profesionales vinculados a la minería para conversar sobre la ley MAPE. Me explicaron que trabajaban para una empresa que opera una planta de tratamiento de minerales de terceros en el sur. Insistí en que cualquier discusión sobre el Reinfo y la ley MAPE debe partir de un principio básico: garantizar condiciones laborales adecuadas y prácticas que no atenten contra el medio ambiente.

Posteriormente, sostuve una conversación virtual con el promotor de la planta. Me aseguró que enviaban geólogos a todas las operaciones que los abastecen de mineral, lo que, en teoría, apuntaría a un cierto nivel de control. Sin embargo, cuando le pregunté si los trabajadores mineros estaban en planilla y contaban con condiciones formales, la respuesta fue evasiva.

Distintas fuentes del sector me señalaron que esta operación era una de las más grandes y con mejores estándares dentro de su categoría. Con esa referencia, y aprovechando un viaje al sur, decidí visitarla personalmente.

La planta tiene una capacidad de 350 toneladas métricas diarias y se ubica en una extensa área desértica, colindante con un pequeño poblado. A primera vista, la magnitud de su infraestructura llama la atención: más molinos de los necesarios y depósitos de relaves que superan lo que uno esperaría para una operación de esa escala.

Uno de los temas más preocupantes es la gestión de los relaves. Ante la consulta sobre el cierre de estos depósitos, la respuesta fue que se evaluaba utilizarlos para fabricar ladrillos, aunque sin un proyecto concreto en marcha. Esta falta de planificación resulta particularmente grave si se considera el impacto ambiental que estos relaves pueden generar.

El punto más crítico surgió al abordar el origen del mineral. Menos de la mitad de los proveedores cuenta con concesiones propias. Al preguntar por qué no se limitaban a comprar únicamente a operaciones con concesiones propias, la respuesta fue clara: hacerlo haría inviable el volumen necesario para mantener la planta en funcionamiento.

En la práctica, esto implica aceptar la compra de minerales cuya procedencia podría ser, en el mejor de los casos, incierta. En el peor, se trata de material extraído de concesiones ajenas, lo que constituye una forma de hurto. Frente a ello, algunos operadores apelan al amparo del Reinfo por encima de las leyes y la Constitución, trasladando la responsabilidad al Estado.

La visita no permitió recorrer toda la planta, pero lo observado dista de lo que cabría esperar de una operación que aspira a ser considerada formal. A ello se suma, la cercanía entre áreas urbanas, de procesamiento, relaveras y vías de tránsito, lo que incrementa los riesgos para los trabajadores y la población local.

Un primer paso debería ser la bancarización total de las transacciones de compra de minerales. Asimismo, resulta indispensable fortalecer la fiscalización de las plantas procesadoras. Entidades como el Minem, la OEFA, la Sunafil, la Sunat y la UIF podrían actuar de manera más coordinada, estableciendo plazos para el cumplimiento de estándares mínimos verificables.

Mientras persista esta zona gris, en la que conviven esfuerzos de formalidad con prácticas difíciles de justificar, será imposible construir una minería de pequeña escala verdaderamente sostenible. Incluso en los mejores casos, las brechas siguen siendo significativas. Ignorarlas no hará que desaparezcan, solo retrasará las soluciones que el sector necesita con urgencia.

[*] Publicado en el diario El Comercio.